El 26 de febrero de 2025, la Comisión Europea presentó una serie de modificaciones destinadas a afinar y simplificar los requisitos de información y de diligencia debida en materia ESG (ambiental, social y de gobernanza) previstos en la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD), en el Reglamento de Taxonomía y en la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CS3D). Los cambios propuestos forman parte de una estrategia más amplia que responde a la preocupación por la competitividad de la UE, con el fin de reducir la carga administrativa de las empresas y mejorar la aplicación práctica de la normativa de sostenibilidad.
La propuesta de la Comisión incluye tres medidas principales que reconfigurarán el panorama ESG actual. La primera es una directiva destinada a modificar los requisitos sustantivos de la CSRD, del Reglamento de Taxonomía y de la CS3D, conocida como la «directiva sustantiva», que actualizará de forma significativa las obligaciones de información y de diligencia debida de las empresas. La segunda medida, la llamada «directiva de retraso», pretende posponer la aplicación de determinadas obligaciones de la CSRD y de la CS3D, y da así más tiempo a las compañías para prepararse. Por último, la Comisión ha presentado un proyecto de acto delegado que modificaría las obligaciones de información del Reglamento de Taxonomía, en particular en cuanto a su alcance y al nivel de detalle exigido.
Junto a estas propuestas, la Comisión se ha comprometido a revisar las Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (ESRS) de la CSRD. Esa revisión busca reducir el número de datos obligatorios, aclarar las ambigüedades existentes y mejorar la coherencia con otras normas de la UE. Se espera que los cambios en las ESRS se adopten en los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la directiva sustantiva.
Para la directiva sustantiva y la de retraso, las propuestas entran ahora en el procedimiento legislativo ordinario de la UE, que implica más negociación y posibles enmiendas del Parlamento Europeo y del Consejo. La directiva sustantiva, más compleja, afrontará previsiblemente negociaciones largas y podría adoptarse a finales de 2025 o comienzos de 2026, con transposición al derecho nacional en los doce meses siguientes. La directiva de retraso, en cambio, se espera que se adopte antes, probablemente en un plazo de tres a seis meses, con transposición en 2025.
El proyecto de acto delegado sobre la Taxonomía, sometido a consulta pública hasta el 26 de marzo de 2025, se espera que la Comisión lo adopte en el segundo trimestre de 2025.
Los cambios propuestos en la CSRD buscan aliviar la carga informativa de las empresas más pequeñas y simplificar los requisitos de las que sigan sujetas a la directiva. La Comisión propone excluir a la mayoría de las pequeñas y medianas empresas de las obligaciones de información y elevar los umbrales que determinan qué grandes compañías deben informar. Con las nuevas propuestas, solo las grandes empresas con al menos 1.000 empleados y una cifra de negocio de 50 millones de euros o más (o activos superiores a 25 millones) estarán obligadas a cumplir los requisitos de la CSRD.
Para las compañías que sigan sujetas a la CSRD, el calendario de la primera información se retrasaría dos años, con los primeros informes previstos en 2028 para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2027. Del mismo modo, las matrices de fuera de la UE con actividad significativa en la Unión afrontarían cambios: el umbral de información pasaría de 150 a 450 millones de euros de cifra de negocio en la UE, aunque su calendario no se modificaría.
Otro cambio relevante afecta al principio de «doble materialidad». La Comisión ha confirmado que las compañías seguirán teniendo que informar tanto de los riesgos de sostenibilidad que afrontan como de su impacto en el medio ambiente y en la sociedad. Se ofrecerá, no obstante, una orientación más clara para asegurar que solo se revele la información material, lo que simplificará el proceso y reducirá su complejidad.
En cuanto a la información sobre la cadena de valor, la Comisión propone aliviar la carga de las empresas limitando la información que pueden solicitar a los proveedores con menos de 1.000 empleados. Eso facilitará las obligaciones de las compañías más pequeñas que forman parte de la cadena de suministro.
Además, se mantiene la exigencia de obtener un aseguramiento limitado sobre los informes CSRD, pero la Comisión propone eliminar el plazo para pasar a un aseguramiento razonable, lo que simplifica el proceso.
La Comisión no ha propuesto cambios de fondo en el propio Reglamento de Taxonomía, pero su alcance se verá afectado de forma indirecta por las modificaciones de la CSRD: al elevarse los umbrales, menos compañías estarán obligadas a informar conforme a la Taxonomía. Además, para las grandes empresas que sigan sujetas, la Comisión introduce un cambio relevante: la información de Taxonomía dejará de ser obligatoria para las compañías con una cifra de negocio inferior a 450 millones de euros. Esas compañías podrán acogerse voluntariamente si desean afirmar que sus actividades se ajustan a la Taxonomía de la UE de actividades sostenibles.
Para las que se acojan, los requisitos serán más ligeros: solo tendrán que informar del grado de alineación de su cifra de negocio y de su inversión en activos (CapEx), mientras el gasto operativo (OpEx) pasa a ser opcional. Podrán además declarar una alineación parcial con la Taxonomía.
Las modificaciones propuestas al acto delegado de la Taxonomía simplificarán de forma notable el proceso de información. Entre los cambios clave está la introducción de «umbrales de minimis»: las compañías no tendrán que evaluar la elegibilidad conforme a la Taxonomía de las actividades que representen menos del 10 % de su cifra de negocio, de su inversión en activos o de su gasto operativo. Eso reducirá la carga informativa de las empresas con actividades de menor escala.
La Comisión propone además simplificar las plantillas de información y reducir los datos exigidos en cerca del 70 % para las empresas no financieras y en el 90 % para las entidades de crédito. Las nuevas plantillas, más ligeras, se centrarán en la información útil para decidir y eliminarán requisitos complejos y detallados, como informar de las actividades no aptas para la alineación con la Taxonomía o aportar información pormenorizada sobre los criterios de «no causar un perjuicio significativo» (DNSH).
La Comisión reconoce también las dificultades de las compañías para cumplir los criterios DNSH, en particular en las actividades encuadradas en el objetivo ambiental de «prevención y control de la contaminación». Para atender esa inquietud, propone aclaraciones que faciliten su aplicación, con nuevas revisiones previstas para simplificar esas reglas en los demás objetivos ambientales.
La CS3D, que obliga a las empresas a ejercer la diligencia debida para atender los impactos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en sus cadenas de suministro, también es objeto de cambios propuestos. Uno de los principales es el retraso del calendario para que ciertas compañías empiecen a informar: la aplicación de la CS3D a las empresas de la UE con más de 3.000 empleados y 900 millones de euros de cifra de negocio se pospondría a 2028, con la información prevista en 2030. La Comisión propone además reducir el alcance de las obligaciones de diligencia debida respecto de los socios comerciales indirectos, en particular para las compañías que trabajan con proveedores pequeños.
Las modificaciones propuestas ofrecen asimismo más flexibilidad en el tratamiento de los impactos adversos en la cadena de suministro. Las compañías ya no tendrán que realizar evaluaciones en profundidad de sus socios comerciales indirectos, salvo que exista «información verosímil» que apunte a posibles problemas, lo que hará más manejable el proceso. Seguirán estando obligadas, no obstante, a asegurar que sus socios directos exijan el cumplimiento de su código de conducta.
Con las propuestas revisadas de la CS3D, la Comisión busca también una implicación de los grupos de interés más proporcionada. Las compañías deberán dialogar con menos partes y limitar esa interacción a empleados, filiales, socios comerciales y comunidades afectadas. No se exigirá con grupos más amplios, como los consumidores o las organizaciones de la sociedad civil. El alcance de esa interacción quedará además restringido a determinadas fases del proceso de diligencia debida, lo que aliviará la carga de las empresas.
También se han modificado las reglas sobre la terminación de las relaciones comerciales. Las compañías ya no estarán obligadas a romperlas de inmediato cuando los impactos adversos no puedan mitigarse; deberán, en su lugar, abstenerse de renovarlas o prorrogarlas y adoptar medidas preventivas cuando sea posible.
En conclusión, las modificaciones que propone la Comisión Europea a la CSRD, al Reglamento de Taxonomía y a la CS3D reflejan un esfuerzo concertado por racionalizar y simplificar el marco regulatorio ESG. Buscan aliviar la carga de información y de diligencia debida de las empresas, en especial de las más pequeñas, sin renunciar a los principios esenciales de sostenibilidad y transparencia. A medida que avance el procedimiento legislativo, las compañías deberían seguir de cerca estos cambios para valorar cómo afectarán a su estrategia ESG y a sus obligaciones de información.