«Voy a tomar medidas de inmediato para prohibir que los grandes inversores institucionales sigan comprando viviendas unifamiliares, y pediré al Congreso que lo consagre en la ley», publicó Trump en su cuenta de redes sociales.
El 7 de enero de 2026, el presidente Donald Trump anunció su intención de prohibir que los grandes inversores institucionales —fondos de capital riesgo, sociedades de inversión inmobiliaria, fondos de cobertura y arrendadores corporativos— compren viviendas unifamiliares, con el argumento de que «en las casas viven personas, no empresas». Con su enorme capacidad financiera, esas entidades adquieren viviendas unifamiliares al por mayor como parte de su estrategia de inversión y acumulan miles de inmuebles para obtener rentas o diversificar su cartera. La propuesta busca facilitar el acceso a la vivienda a los estadounidenses jóvenes y a quienes compran por primera vez, asfixiados por el alza de precios y por la competencia inversora. Aunque la idea cala políticamente, su viabilidad jurídica y su impacto económico siguen siendo complejos.
Aplicar un veto así se topa con barreras constitucionales y regulatorias importantes:
«La prohibición propuesta puede resultar atractiva políticamente, pero las cifras sugieren que tendría un alcance limitado y que no atacaría la escasez de fondo que impulsa hoy los problemas de accesibilidad a la vivienda», afirmó Jake Krimmel, economista de Realtor.com[1].
Los analistas advierten de que los grandes inversores ayudan a estabilizar el mercado inmobiliario. Un informe de Morgan Stanley lo explica así:
«Prohibir nuevas compras a los grandes inversores institucionales retiraría del mercado una demanda marginal, pero no cambiaría de forma sustancial nuestras previsiones base… aunque su ausencia podría introducir un mayor riesgo a la baja para el valor de la vivienda».[3]
Con menos viviendas en alquiler disponibles, las rentas pueden subir y contrarrestar los posibles beneficios para los compradores. Como señala Newsweek: «Culpar a la propiedad institucional de la falta de vivienda asequible es inexacto: forma parte de la solución».[4]
La mayoría de los analistas coincide en que la raíz del problema de accesibilidad está en la oferta, no en la actividad inversora. Estados Unidos necesita millones de viviendas adicionales para cubrir la demanda. Sin atajar el déficit de construcción, vetar a los compradores institucionales tendrá un efecto limitado y podría provocar consecuencias no deseadas, como menor liquidez y escasez de alquiler.
La propuesta de Trump es audaz y políticamente atractiva, pero su viabilidad jurídica es dudosa y su impacto económico puede ser modesto. Reformas más amplias —como incentivar la construcción o cambiar la normativa urbanística— resultarían probablemente más eficaces para mejorar la accesibilidad. En lo económico, podría desplazar ligeramente la demanda en algunos mercados locales. Sin reformas que amplíen la oferta de vivienda, como flexibilizar la normativa de usos del suelo o subvencionar la construcción, el veto corre el riesgo de quedarse en un gesto simbólico y no en una solución real a la crisis de accesibilidad del país. Además, el proceso exigiría definir qué entidades quedarían afectadas, que los responsables políticos, las asociaciones de vivienda y el sector fijaran mecanismos de aplicación, y resolver las dudas constitucionales sobre los derechos de propiedad y las competencias estatales.
A medida que la propuesta pase de la retórica a una posible política pública, su recorrido sigue siendo incierto. Los próximos meses dirán si los legisladores la hacen suya, cómo responden los tribunales a los inevitables recursos y qué efectos se dejan sentir en el mercado inmobiliario. ¿Será el detonante de reformas más amplias o quedará en una declaración simbólica? La respuesta dependerá de la voluntad política, del acuerdo legislativo y de la capacidad del país para atacar el problema de fondo: la oferta de vivienda.